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En el Día Mundial contra la Trata de Personas, queremos expresar nuestra firme condena a una de las manifestaciones más crueles de la vulneración y violación de los derechos humanos. Se trata de una de las prácticas más violentas y denigrantes contra la libertad, la integridad, la dignidad, la salud y la seguridad de millones de personas en el mundo, mayoritariamente mujeres y niñas, a las que se considera mercancía para la industria de la explotación sexual.

La Trata con fines sexuales es la mayoritaria en Europa, donde un 95% de las víctimas son mujeres y niñas relegadas a la mal llamada industria del sexo. Ante esta situación de esclavitud sexual, se precisa de una intervención coordinada y global a nivel mundial. Por ello, distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, Consejo de Europa y Parlamento Europeo se han posicionado para poner fin a la demanda prostitucional de los varones, a los reclutamientos de mujeres y niñas por la fuerza de la necesidad o la coacción.

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España y Canarias no escapan a este escenario mundial; es más, nos encontramos con el lamentable ranking de ser el primer país de Europa en demandar prostitución y el tercero del mundo, lo que inevitablemente nos relega a convertirnos en el prostíbulo europeo y en un territorio óptimo para el establecimiento de las redes criminales de Trata. Por ello, tenemos la obligación de exigir a los gobiernos e instituciones medidas de prevención, detección y protección de víctimas y supervivientes, así como de perseguir a aquellos que con su demanda la potencian.

La lucha contra la Trata de Seres Humanos, especialmente la Trata con fines de explotación sexual, no debe quedar circunscrita a un ámbito de actuación, sino que requiere una respuesta integral, una coordinación interinstitucional y unos compromisos efectivos de todos los Estados. Pero tampoco podemos olvidar, desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, el protagonismo que tienen las víctimas y supervivientes en las estrategias de lucha, ni la interconexión que tiene la Trata con la prostitución y con factores estructurales de opresión como la feminización de la pobreza o el incremento de la demanda prostitucional.

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Por todo ello, desde aquí apoyamos firmemente una Ley Integral en España contra la explotación sexual que permita mejorar la lucha contra este tipo de violencias y que contemple los Convenios Internacionales y las Directivas Europeas, pues estas situaciones no son en modo alguno asumibles en ningún país democrático que aspira a la igualdad entre mujeres y hombres.

Por último, hay que reconocer la labor de un elevado número de académicas e investigadoras, así como de profesionales de las entidades sociales en su dedicación y apoyo a las víctimas a través de investigaciones y acciones de sensibilización para promover el rechazo social a estas prácticas delictivas y mafiosas de delincuencia organizada, que extraen plusvalía de los cuerpos de las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad extrema.