En el siglo V a. C., cualquier ciudadano de Atenas podía asistir a un juicio en calidad tanto de juez como de espectador

 

El tribunal más prestigioso de Atenas era el Areópago, cuyos miembros se reunían en la colina de Ares, cerca de la Acrópolis. Tenía jurisdicción sobre casos de homicidio, heridas causadas con intención de matar, incendio de casa habitada y envenenamiento. Otros cinco tribunales imponían penas de muerte, destierro y confiscaciones, según el caso.

Los tribunales populares estaban formados por un número inmenso de ciudadanos (6.000 en el siglo V a. C.) que, como único requisito, debían ser mayores de 30 años y estar en plena posesión de sus derechos cívicos. Tras prestar juramento, los Jurados eran repartidos de manera que las diez tribus atenienses tuvieran representación en cada tribunal. El más famoso era el de la heliea, enclavado en el ágora, aunque había nueve más repartidos por la ciudad. Dependiendo del tipo de proceso y de su  importancia se requería un número distinto de jurados: lo habitual era 201, aunque, por ejemplo, el tribunal que condenó a Pericles por supuesta apropiación de fondos públicos estaba compuesto por 1.501 jurados.

 

El orador ateniense Demóstenes fue testigo entre 343 y 340 a.C. del juicio de Neera, una prostituta de Corinto juzgada no por ejercer este oficio, sino por ser extranjera. Se la acusó de casarse con un ateniense, Estéfano, y hacer que éste adoptara a sus hijos, con lo que consiguió plenos derechos para todos ellos como ciudadanos de Atenas. Y esta acción resultaba intolerable para un ateniense.

Los juicios constituían un espectáculo público

En la Atenas clásica, los juicios tenían mucho de espectáculo público, como hoy sucede con los procesos célebres que captan la atención de las televisiones y la prensa durante semanas. Los juicios se celebraban casi siempre al aire libre, por lo que se congregaba un gran número de curiosos cuando se trataba de un asunto de interés público o de un tema morboso.

Aristófanes da una ácida visión del asunto en Las avispas, comedia estrenada en el año 422 a.C., en la que presenta a Atenas como un nido de pleitos, una ciudad infestada de acusadores, jurados y escritores profesionales de discursos. De hecho, el principal motivo de la crisis del teatro en el siglo IV a.C. fue que los juicios se convirtieron en un espectáculo público mucho más atractivo que la mera ficción. Así nacen los calumniadores profesionales, los sicofantas, personas a sueldo que se dedicaban a calumniar a otras. Su trabajo consistía en comprar testigos, falsificar documentos y distorsionar la realidad. Este viejo oficio, nacido en Grecia, proliferó en Roma al amparo del poder y de las facciones que se lo disputaban. El procedimiento era sencillo; hoy resultaría mucho más complejo, a la vez que sin duda impracticable.

A la hora señalada, el presidente ordenaba cerrar la puerta del vallado y se entregaba una ficha a los jurados para que al final la canjearan por la paga. Al igual que las sesiones de la Asamblea, se comenzaba con el sacrificio de un animal y una oración; acto seguido, el heraldo procedía a la lectura de las causas que se iban a enjuiciar en la sesión. El escriba leía la demanda y la declaración del acusado, y entonces se concedía la palabra por turno a acusado y defensor, que tenían que hablar por sí mismos. Los incapaces, las mujeres, los menores, los esclavos y los metecos (los extranjeros) eran representados por su tutor legal, su dueño o su patrono.

Quién juzga a quién

Los juicios en la Atenas clásica se planteaban al modo de un duelo personal. No existían fiscales ni abogados tal y como los entendemos hoy, y el juicio se desarrollaba como una lucha entre dos individuos, un combate dialéctico cara a cara; si se deseaba demandar a varias personas por un mismo caso era necesario formular una acción contra cada una de ellas. Por otra parte, el procedimiento variaba según se tratara de asuntos criminales o civiles.

Los casos criminales eran competencia de un antiguo tribunal aristocrático, el Areópago, y se desarrollaban según ritos y costumbres muy arcaicos. El juicio comenzaba con una ceremonia dramática en la que los parientes del muerto colocaban una lanza sobre un montículo, lo que representaba una declaración de guerra. Luego seguía la excomunión, que era una proclama que excluía al acusado del ágora y de los lugares sagrados hasta el día de la vista. Tras las tres sesiones de que constaba la instrucción, llegaba el juicio, siempre al aire libre para evitar que la mancha del acusado se propagara a los jueces y al acusador. Al comenzar se inmolaba un carnero, un cerdo y un toro, y, tras el sacrificio, las dos partes se ponían en pie sobre sendos bloques de roca y exponían en dos ocasiones sus argumentos antes de que los jueces votaran la sentencia.

Los asuntos que no concernían a la jurisdicción penal los juzgaba el pueblo. El aumento de los contenciosos de tipo comercial y el desarrollo del Imperio ateniense provocó el nacimiento de la figura de los diaithetes, un tribunal de arbitraje formado por atenienses de más de sesenta años (edad en la que terminaban sus obligaciones militares), que ejercían de árbitros públicos durante un año. Este procedimiento era rápido y barato –las partes debían abonar tan sólo un dracma–, aunque si uno de los litigantes no quedaba conforme con la decisión podía apelar ante un tribunal popular.

Estos tribunales populares funcionaban unos trescientos días al año, y descansaban sólo los días de Asamblea y los festivos. Para garantizar la asistencia de los jurados, habitualmente unos doscientos, había ciudades que imponían multas a los absentistas; en la democrática Atenas, en cambio, se prefería indemnizar a los asistentes con el dinero que se recaudaba en concepto de gastos judiciales y multas. La paga era de dos óbolos diarios –un trióbolo a partir de 425 a. C.–, equivalente al salario de media jornada de trabajo, una cuantía que no solía atraer a los ricos ni a las gentes del campo, para quienes no era rentable desatender sus granjas. La mayoría de los jurados pertenecían, por tanto, a las clases medias y bajas de la ciudad y del puerto. Muchos encontraban una magnífica distracción charlando y discutiendo con otros jurados los casos que se juzgaban y, cómo no,alimentando su vanidad al participar en decisiones que podían arruinar o salvar vidas.

La demanda debía presentarse por escrito ante el magistrado que presidía el tribunal, quien, si la aceptaba, ordenaba a las partes el inmediato depósito de gastos y fijaba un día para la instrucción. Esta fase procesal comenzaba con un juramento y con la presentación de las pruebas: contratos y otros documentos, testimonios, prendas, etc. Todo ello se guardaba junto con el expediente en una caja sellada hasta la celebración de la audiencia pública.

El demandante tenía derecho de réplica y el demandado de contrarréplica, por lo que se hacía necesario medir la duración de los discursos con una clepsidra (un reloj de agua). Cada parte disponía de 20 a 48 minutos para la primera intervención y de 8 a 12 minutos para el discurso de rectificación,según la suma de dinero en juego. La sentencia debía ser pronunciada en el mismo día y sólo una «señal de Zeus» –una tempestad o un terremoto– podía obligar al presidente a levantar antes la sesión.

Terminados los debates, con frecuencia acompañados de gritos de desaprobación o gestos de apoyo, se procedía sin más a la votación en dos ánforas colocadas sobre una mesa. Durante el siglo V a. C., cada jurado se acercaba por orden e introducía una pequeña concha o un guijarro, según fuera favorable a una parte o a la otra; a partir de 390 a.C. depositaban una ficha de bronce entera o una horadada, según el caso. Luego, el heraldo proclamaba los resultados del escrutinio y el presidente pronunciaba la sentencia, que se establecía por mayoría simple. Las penas pecuniarias eran la multa o la confiscación, mientras que las penas aflictivas podían ser la muerte, el destierro, la atimia (privación de derechos cívicos) y el encarcelamiento.

Artículo original en nationalgeographic.com.